Por qué no hay una democracia real en España

Posted on 27 junio, 2011 por

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Si decimos que en España no hay una democracia real lo decimos por algo.

1. Porque no llega a todas partes
Empecemos por lo básico. El Estado se divide en tres poderes, pero sólo dos de ellos –el ejecutivo y el legislativo– están sometidos a elecciones. El judicial no.

Es notorio y manifiesto que los integrantes de la cúpula del poder judicial se dividen entre progresistas y conservadores, que vendría a ser lo que en los otros dos poderes se llama sencillamente ser del PSOE o del PP. La fractura entre ambos bloques, de hecho, suele llevar a frecuentes problemas en órganos como el CGPJ, los tribunales Supremo y Constitucional o la Audiencia Nacional, por citar sólo algunos. La filiación ideológica de los jueces ha sido objeto de denuncia en numerosísimas ocasiones –algunas muy sonadas– y los escándalos en los que los partidos políticos se acusan de corromper jueces son el pan nuestro de cada día. Esto es así aunque el poder judicial debería, teóricamente, ser independiente, y repetimos; teóricamente. Es decir, en los libros de Montesquieu. En la realidad de España no lo es, y además por muchos motivos. El más evidente de todos es que los integrantes de sus más altas instituciones son designados directamente por los partidos políticos a través del gobierno y del parlamento. EL CGPJ, por ejemplo, que es la más alta institución del poder judicial, cuenta veinte vocales, todos ellos nombrados por el parlamento. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, se compone de doce magistrados de los que ocho lo son nombrados por el parlamento, dos por el gobierno y dos por el CGPJ. Y así, sucesivamente.

Para designar vocales del CGPJ o magistrados del TC el parlamento requiere una mayoría de tres quintos, que vienen a ser el 60% de los escaños. Si PP y PSOE ocupan en el parlamento el 92% de los escaños (con el 83% de los votos) adivinen qué: pues que ningún magistrado o vocal lo es sin el voto a favor bien del PP, bien del PSOE. Es evidente que el poder judicial participa activamente en la política; legaliza e ilegaliza partidos, decide la impugnación o no impugnación de candidatos e instruye y decide en causas por corrupción de esos mismos políticos. Si todos asumimos que el poder judicial participa en la política, que la filiación ideológica participa activamente del poder judicial –en concreto la filiación al PP o al PSOE–, ¿por qué no votar democráticamente a sus altos cargos como se hace en los otros dos poderes? Misterio, amigo. Misterio y sonido de grillos. Cri cri.

Y usted dirá bueno, vale, pero la democracia está garantizada en los otros dos poderes del estado, ¿no? Pues no, querido amigo. De eso nada.

2. Porque no se consulta al pueblo
Pensemos en una monarquía del siglo XVI, por ejemplo, y al papel que juega el rey en ella. El soberano toma todas las decisiones del reino –al menos las más importantes– y, además, designa a otras personas para que ocupen los puestos de su gobierno –que son los que, subsidiariamente, toman todas las demás decisiones–. Ahora pensemos en nuestra democracia. Puede que el pueblo –que es el soberano de este supuesto, por si a alguien se le escapa– designe a los cargos, pero… ¿Toma algún tipo de decisión? No. Sólo elige a las personas que las toman. Sólo hace eso: votar. ¿Votar decisiones? No. Nunca. Sólo vota cargos. Pero nunca toma decisiones.

La Constitución prevé la celebración de un referéndum en dos casos. Uno, como medida legal necesaria para reformar la propia Constitución –o los estatutos autonómicos–; y dos, y aquí está el tema, con fines consultivos –en cuyo caso es siempre a nivel nacional y habla de ‘decisiones políticas de especial trascendencia’. No obstante desde de la muerte de Franco –y esto son treinta y seis años– sólo se han celebrado la friolera de cuatro referendos nacionales. Y, mira por dónde; de estos cuatro sólo uno –el de permanencia en la OTAN de 1986– ha sido de carácter consultivo (estructura administrativa de la OTAN, en la militar nos metió Aznar). A la hora de tomar el resto de decisiones –incluyendo el ingreso en la UE, la ilegalización de partidos, las reformas educativas, la participación en varias guerras o el cambio de moneda– los sucesivos gobiernos lo han tenido claro: las han tomado ellos.

¿Esto es así en todas partes?

No. Sólo hasta el año 2004 se habían celebrado en Suiza 217 referendos –con una media de diez al año–. Algunas de las decisiones que los suizos han tomado en referéndum son la igualdad legal de hombre y mujeres –1981–, la suspensión por diez años de la construcción de centrales nucleares –1990 – o la negativa a entrar en el Espacio Económico Europeo –1992–.

Los gobiernos eluden sistemáticamente el criterio de ‘especial trascendencia’ prescrito por el artículo 92 –el que regula el referéndum– ateniéndose el criterio de ‘extraordinaria y urgente necesidad’ recogido en el artículo 86 –que les habilita para promulgar un decreto-ley. Así, en España se evita la consulta popular aplicando la herramienta de la que dispone el Gobierno para promulgar leyes ya no sin consulta popular, sino directamente sin consulta parlamentaria.

De acuerdo, supongamos que en democracia el papel del pueblo no es el de tomar decisiones, sino simplemente el de designar a personas para ocupar cargos. ¿Elige el pueblo a las personas que quiere? No. El porqué es muy sencillo.

3. Porque las listas son cerradas
Imagínese que a usted, que es así de excéntrico, le gusta ver Pasapalabra. Imagine que, para poder ver Pasapalabra estuviera usted obligado por ley a tener que ver veinticuatro horas de programación de Telecinco. Incluyendo Supervivientes hasta echar los higadillos. ¿Delirante, verdad? Pues no se crea que la realidad democrática dista mucho de este paradigma.

Los votantes no tienen la opción de elegir a un representante, sino que tienen que elegir a una lista cerrada de representantes. Que no es lo mismo. Esto funciona así en la mayoría de instancias electorales –nacionales, autonómicas y municipales– con excepción del Senado, para el que se vota en una lista abierta. ¿Es muy abierta esta lista? Bueno, pues contiene a cuatro candidatos, y entre esos cuatro hay que elegir a tres. Muy abierta no es.

¿Esto es así en todas partes?

No. Durante la II República, por ejemplo, las listas eran abiertas. También las hay actualmente en Finlandia, por poner otro ejemplo. Allí las listas son abiertas y no sólo las presentan los partidos, sino también cualquier ciudadano no afiliado a un partido que consiga asociarse o agruparse por distritos electorales hasta formar una lista –y a condición de reunir al menos cien firmas de votantes de ese distrito por cada candidato que presenten–. Todas las listas, las de los partidos y las independientes, son revisadas por la autoridad electoral y concurren finalmente a las elecciones en una única lista abierta en la que figuran todos los candidatos mezclados y en orden por sorteo. El votante sencillamente vota, dentro de esa lista, a quien le da la gana.

Los partidos confeccionan listas cerradas situando a su candidato más famoso o carismático a la cabeza y obligan al elector a votar al resto de candidatos con él. Los candidatos que, dentro de los partidos grandes, tienen menos opciones, consiguen acceder al poder arrastrados por el candidato cabeza de lista –a mí se me ocurren varios políticos de tal cota de impopularidad, y una de ellas se apellida Sinde, que simplemente cuesta creer que estuvieran en política si nuestro sistema fuese de listas abiertas–. Y en tercer lugar, a los imputados por corrupción. Porque si la lista fuese abierta un elector podría votar a todos los candidatos de un partido, si quisiera, menos a los corruptos; con las listas cerradas, si votas a un partido tienes que votar a todos sus integrantes. Incluyendo a los imputados, procesados o incluso condenados por corrupción.

De acuerdo. La mayoría de los candidatos no son elegidos libremente sino que vienen con el pack. Aún así, ¿es posible que su presencia en ese pack responda a la voluntad popular? La respuesta, por supuesto, es no.

4. Porque los partidos carecen de democracia interna
Esto es terriblemente sencillo; el pueblo puede elegir a los candidatos, pero a los candidatos no los puede elegir el pueblo. O dicho de otro modo: en el proceso de ascenso al poder, sólo el último tramo –el que convierte a un candidato en un cargo político– lo es democráticamente. Pero hasta ese punto, el candidato ha ascendido sin que medie en ello voluntad popular de ningún tipo. Esto puede llevar –y lleva– a situaciones tan chocantes como que el candidato a presidente del Gobierno –nada menos– esté en esa candidatura sin haber concurrido nunca a ningún tipo de votación o elección. Sin, por supuesto, haber ganado nunca nada. Sin ni siquiera haberlo necesitado. Otros partidos sí que se someten frecuentemente a primarias internas pero mediante un modelo de sufragio indirecto, semiabierto y normalmente sin derecho al voto secreto.

Esto beneficia a los afines al poder dentro de los propios partidos políticos. A nadie se le escapa que el más que probable futuro presidente del Gobierno –Mariano Raxoi– es candidato a tal no porque nadie lo haya votado nunca, sino porque fue designado a dedo por José María Aznar.

De acuerdo. La mayoría de los representantes políticos no ocupan su cargo por voluntad popular
sino porque el sistema es así. Pero digo yo, que soy así de optimista, que aún así cuentan con libertad para trasladar la voluntad popular al ejercicio del poder, ¿no? Al menos en la media de lo posible. Pues no, querida amiga. De eso nada.

5. Porque los diputados están sometidos a disciplina de partido
Imagine que vive usted durante la Ilustración, que además tiene usted el día voltaireano y que, entre pitos y flautas, de repente inventa un sistema político donde el pueblo elige a unos representantes para que sean quienes, mediante votaciones, tomen las decisiones. ¿Bonito, verdad? Pues ahora imagine que estos representantes no puedan votar las decisiones que ellos quieran.

El artículo 67 de la Constitución Española prohíbe el mandato imperativo. Es decir, que prohíbe expresamente que quien ostenta un escaño se vea obligado a votar algo que no sea lo que le dé la gana. En la práctica, los diputados y senadores votan no según su voluntad sino sistemáticamente la consigna que dicta en cada votación la cúpula del partido. Es lo que se conoce como disciplina de partido. Por eso precisamente –y sabiendo cuántos escaños tiene cada partido– pueden predecirse los resultados de la votación antes de que ésta ocurra. Sólo en algunos casos muy sonados los parlamentarios contradicen la disciplina de partido –lo que siempre se salda con sanciones al parlamentario– y sólo en otros muy puntuales los partidos conceden a sus diputados libertad de voto. ¿Por qué, si está expresamente prohibido, existe entonces –y además abiertamente– la disciplina de partido? Pues no lo sé, mire, pero le daré una pista; estamos hablando de que nuestra democracia no es real. Así que por ahí deben ir los tiros.

Muy bien, las decisiones no las toman los parlamentarios, sino los partidos (partitocracia, gobierno de los partidos y….¿a quién obedecen los partidos? ¿Qué intereses defienden?). Aún así, los integrantes de esos partidos han sido votados por los ciudadanos, de lo que se deduce que sus decisiones son necesariamente representativas de la voluntad popular, ¿no? Pues no, mire. Tampoco.

6. Porque el reparto de votos es desproporcionado
En España hay casi 3428 partidos políticos pero el parlamento sólo tiene 350 escaños. El PSOE y PP suman el 83% de los votos, lo cual se convierte por medio del pucherazo legal en un 92% de escaños –323 – . El 8% de escaños restantes se reparten entre el resto de fuerzas políticas preferidas por el 17% de los ciudadanos del Reino.

¿Sería bonito, verdad, si existiera una proporcionalidad entre el número de votos obtenido en las elecciones y el número de escaños en las Cámara Baja? Bonito, sencillo y democrático. Pero no. El sistema electoral español se diseñó deliberadamente para favorecer la creación de mayorías parlamentarias que confiriesen estabilidad al sistema (NOTA: Y como reconoció hace unos años Herrero de Miñón, para desactivar al PCE en beneficio del PSOE). Para ello pervierte –no se me ocurre un verbo mejor– esta proporcionalidad ideal entre voto y escaño estableciendo no una circunscripción estatal –que sería lo suyo–, sino circunscripciones provinciales en el que el error matemático generado por el sistema d’Hondt se va acumulando provincia a provincia. Este sistema fue posteriormente completado mediante la Ley 5/1985 del Régimen Electoral General, que aplica el llamado sistema D’Hondt y además elimina toda candidatura con menos del 3% de los votos en su circunscripción (en algunos parlamentos regionales, el 5%). El resultado es que en las Cortes españolas los grandes partidos están sobrerepresentados –tienen más diputados de los que les corresponden– a costa de los partidos minoritarios –que les ceden a los mayoritarios varios escaños de los que les corresponderían legítimamente–. Los partidos con menos del 3% de los votos sencillamente no están.

¿A quién beneficia esto?

Principalmente al PSOE (13 escaños más de lo que les corresponden) y al PP (10 más) y en menor medida al PNV (2 más). Evidentemente, este robo de escaños se hacen a costa de otras fuerzas, como IU (de 14 escaños que tendría en un sistema proporcional, en que todos los votos valiesen lo mismo, se queda en 2), UPyD (de 4 pasa a 1), ERC y BNG pierden 1… Tanto así que se llega a extremos como el de las pasadas elecciones generales, en las que la tercera fuerza más votada del país –Izquierda Unida, con 963.000 votos– obtuvo 2 diputados. En esas mismas elecciones el PNV, con obtuvo 303.000 votos(menos de la tercera parte) obtuvo el triple de diputados (6).

En 2010 se elevó al parlamento español una petición de reforma del sistema electoral para mejorar la representatividad del cómputo, que obviamente fue automáticamente rechazada y enterrada por PP, PSOE, CiU y PNV. Nótese, por aportar la nota chistosa, que para ello adujeron motivos de austeridad económica.

7. Porque el reparto del poder no responde al principio representativo

En nuestro sistema hay muchos cargos políticos, pero sólo algunos de ellos lo son electos democráticamente –por ejemplo los presidentes del Gobierno, los autonómicos o los alcaldes–. Puestos tan poderosos como la vicepresidencia del Gobierno o los ministerios y sus poderosísimas consejerías, no obstante, no están sometidos a ninguna votación, ni popular ni parlamentaria. Otros cargos elegidos a dedo son el de embajador, el de delegado del Gobierno o la dirección de cuantos institutos, agencias y oficinas dependen de los ministerios.

El Jefe del Estado español tampoco ha sido refrendado en ninguna elección o referendo de ningún tipo.

Muy bien. En España se llega al poder de cientos de maneras, y muy pocas de ellas tienen que ver con la democracia. Aún así, al menos podremos confiar en ellos, ¿no? Pues tampoco.

8. Porque en la democracia española la corrupción es generalizada
Puede que si decimos corrupción usted sólo piense en Gürtel, pero por ilustrar diremos que en 2009 la justicia española tenía abiertas 730 investigaciones judiciales por corrupción. El oro y la plata se lo llevaban, lógicamente, PSOE –con 264 causas– y PP –con 200–. Les siguen Coalición Canaria con 34, CiU con 30…están todos. En las pasadas elecciones municipales y autonómicas concurrieron en las listas electorales cientos de políticos imputados en casos de corrupción. Además, la corrupción no son sólo prevaricación y escándalos urbanísticos, también el nepotismo que se da en la contratación de funcionarios públicos. Este año 2011 hemos sabido que el 20% de los nuevos altos funcionarios del Estado es familiar de otro alto funcionario. Lo que dice al respecto el autor del estudio es que ‘una hipótesis es que los hijos de los altos miembros de la administración son más competentes que el resto’.

¿Esto es así en todas partes?

No, lógicamente. El Índice de Percepción de Corrupción publicado por International Transparency en 2010 señalaba que los países menos corruptos del mundo eran Dinamarca –que también el país de más alta felicidad subjetiva–, Nueva Zelanda –que tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo–, Singapur –quizá por la razón de que tiene las leyes anticorrupción más severas– y Finlandia –el país con el mejor sistema educativo del mundo–. De los diez primeros, cuatro eran escandinavos. Diremos, como posdata, que España figuraba en el puesto 30 a nivel mundial y en el 16 entre los países europeos.

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Extractado del original de: Por qué no hay una democracia real en España (en ocho sencillos pasos)

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