Sería un escándalo.

Posted on 22 diciembre, 2011 por

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 (Emilio Botín simulando ser rojo, pero con ese apellido…)

No quiero dar crédito a una información que, por muy solvente que sea, ya que procede de una fuente seria, representaría un escándalo mayúsculo, pero como nada es imposible (casi) convendría saber (y los que ocupan escaños en el Congreso y el Senado están en el lugar adecuado para hacerlo) si la información a la que me voy a referir obedece a la realidad.

 Según “New York Times” la práctica de que los gobiernos amparen a grandes financiereos y empresarios para que evadan o eludan impuestos está muy extendida, y los gobiernos españoles no serían una excepción. Según la Agencia Tributaria Española, el 74% del fraude fiscal se centra en los grandes financieros y empresarios. Un total de 44.000 millones de euros no ingresados en el último ejercicio, que es una cantidad relativamente cercana al déficil de gasto público social de España respecto de la media de la UE-15 (66.000 millones de euros), es decir, el dinero que España debería destinar a sanidad, educación, dependencia y otros por el nivel de desarrollo económico que tiene.

El recientemente electo Presidente del Gobienro ha valorado en 16.500 millones la deuda que el Estado ha de enjugar para sacar a España de la situación de poca credibilidad que ofrece a los especuladores y usureros (se les suele llamar “mercados”). Compárense las cifras.

Según el periódico citado los Estados no se atreven a exigir a los grandes detentadores del dinero sus obligaciones tributarias, paralizando en ocasiones inspecciones que los funcionarios inician en cumplimiento de su deber. En España un ejemplo notorio sería el del Señor Botín y otro que le sigue el del Señor Alierta. En otras ocasiones son los jueces los que consideran que entre el momento en que se inició la investigación y el que deben decidir ha pasado tanto tiempo que los datos han quedado desvirtuados o el posible delito ha prescrito.

El Presidente de la Generalitat de Cataluña, buen representante de las clases adineradas en dicha comunidad, aunque objetivamente también de los catalanes, considera que la presión fiscal sobre los ricos no tiene sentido porque, a la postre, la recaudación sería insignificante para las necesidades de las Administraciones públcias. Pero “la enorme concentración de las rentas y la propiedad existente en España (y en Catalunya), uno de los países donde las desigualdades son mayores y el impacto redistributivo del Estado es menor” [se refiere el periódico citado a la Unión Europea] desmienten al flamante Presidente.

El periodista Salvador Arancibia, que trabajó para el Banco de Santander, señala que las causas de que estos asuntos no sean tratados en los medios de comunicación, se deben al mucho dinero que el Señor Botín gasta en anuncios comerciales. ¿Es todo lo anterior cierto? Bueno sería que diputados y senadores (sobre todo me refiero a los socialistas) indagasen sobre este asunto, porque en mi opinión están para eso, que es rendir un servicio a la sociedad.

L. de Guereñu Polán.

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