¿Y la Iglesia qué?

Posted on 16 enero, 2012 por

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España es un Estado aconfesional, pero la Iglesia católica goza de privilegios, sobre todo fiscales, que contradicen aquel principio, incurriendo en una grave carencia que ha sido común a casi todo nuestro constitucionalismo: decir una cosa en la ley y ejercitar la contraria en la práctica. En este aspecto, España sigue en un vicio que arrastra desde el siglo XIX.

El Acuerdo sobre asuntos económicos entre España y la “Santa Sede”, de 1979, está en el origen próximo de este problema, pues como digo, el origen remoto está mucho más atrás. Cuando el país pasa por verdaderos apuros económicos, derivados de su incardinación en la economía globalizada y de la mala gestión de banqueros y administradores púbicos, resulta insultante que haya una institución, la Iglesia Católica, que no contribuye fiscalmente al Estado, es decir, no contribuye a la construcción de escuelas ni hospitales, carreteras ni otras infraestructuras; no contribuye a las pensiones de los ancianos, a los subsidios de paro, a las becas de los estudiantes, a los casos de dependencia por razón de enfermedad o edad; no contribuye a otras muchas cosas que son necesarias para que podamos hablar de Estado.

No creo que sea lícito hablar de que la Iglesia realiza una labor social, asistencial, hospitalaria, en algunos centros de su propiedad, porque esto lo hace en tanto que se lo ha impuesto ella a sí misma, de igual forma que cualquier ciudadano no puede alegar que ha hecho tal o cual obra en beneficio de la comunidad para que se le exima de pagar un determinado impuesto. Los “Acuerdos económicos” de 1979, como su nombre indica, no tienen nada de espiritual ni de religioso, por lo que la Iglesia está beneficiándose de un campo que no es suyo. Lo suyo es la labor pastoral (por utilizar un término eclesiástico), no “evadir” impuestos legalmente… con la connivencia de un Estado que parece ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes, como es el caso que aquí trato.

La Igleisa Católica recibe del Estado dotaciones presupuestarias, lo que hunde sus raíces en el artículo 11º de la Constitución española de 1837 (ya está bien), y no paga tributo municipal alguno; la Iglesia Católica está exenta de la Contribución Territorial Urbana, cuando es sabido el enorme patrimonio inmueble que tiene; está exenta de las Contribuciones Especiales y está exenta de la Tasa de Equivalencia por los siguientes inmuebles: templos y capillas destinados al culto, sus dependencias, edificios o locales anejos destinados a la actividad pastoral; la residencia de los obispos, de los canónigos (que no son pocos) y de los sacerdotes “con cura de almas”; los edificios destinados a oficinas, a la Curia diocesana y a oficinas parroquiales; los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y la Universidades eclesiásticas que impartan enseñanzas eclesiásticas; los conventos de las órdenes y congregaciones e Institutos de “vida consagrada”.

La Iglesia Católica goza de “exención total y permanente” de los impuestos reales y de producto, y en el caso de Navarra, de acuerdo con su ordenacimiento foral, es esta Comunidad la que determina el régimen fiscal de la Iglesia Católica, que le es claramente favorable y en el que no entro por tratarse de un caso particular. Si es cierto que otras confesiones religiosas también gozan de un régimen fiscal favorable en relación al resto de la población, en ningún caso alcanza éste el abuso que significa el de la Iglesia Católica.

Desde mi punto de vista se hace urgente una reforma de los Acuerdos de 1979 para obviar las sentencias favorables a la Iglesia Católica que se han producido ya en dos ocasiones: en 1991 por obra del Tribunal Supremo y en 1992 por obra del Tribunal Constitucional.

L. de Guereñu Polán.