¿Qué pasa con los funcionarios?

Posted on 19 enero, 2012 por

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queridos_funcionarios


Alguien con acertado criterio, ha puesto en circulación vía mailing, un artículo de opinión firmado por Francisco J. Bastida, titulado “El desprecio político al funcionariado” y publicado recientemente en el diario Faro de Vigo.

Como decimos en Galicia, “non era sen tempo”, pues creo que era muy necesario que alguien abordara este tema desde el otro extremo del campo de batalla. Un amplio y fácilmente identificable sector de los agentes mediáticos con mayor trascendencia de este país, ha estado invirtiendo muchas horas de radio y otras tantas páginas de periódicos en estigmatizar el colectivo funcionarial en el contexto de la crisis económica consiguiendo generar una corriente de opinión injustamente desfavorable contra los trabajadores del sector público.

Permítanme hacer un corta y pega del mismo para máxima difusión de sus argumentos y para lanzar una palmadita en la espala de todos los funcionarios que sintiéndose tan víctima del sistema como cualquier otro trabajador, se ha visto enjuiciado y sentenciado culpable y cómplice de la crisis por una parte de la sociedad.

 

El desprecio político al funcionariado

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su estatus –y por eso se critica– la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible, pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de Derecho. En coherencia se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza “en propiedad” responde a la idea de que al funcionario no se le puede “expropiar” o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa “propiedad” en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical, pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de Derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre estos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tienen mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general no es comprensible que se rebaje el sueldo solo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados “moscosos” o días de libre disposición –que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo– no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida solo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes le estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorase su mérito y capacidad. Y lo graves es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más los ha frenado por falta de financiación o simplemente ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida

Catedrático de Derecho Constitucional